El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en una de las consecuencias visibles del fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional, pese a que el Estado continúa cobrando un impuesto a la venta de combustibles para financiar obras de infraestructura vial. 

En 2023, la Nación destinó alrededor de 2.700 millones de dólares a las rutas nacionales. Dos años después, ese monto se redujo a menos de 800 millones de dólares, lo que representó un desplome de la inversión vial y dejó a las provincias frente a una red nacional con mayores necesidades de mantenimiento.

De acuerdo con datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cayó un 70% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo de toda la serie analizada.

La situación podría profundizarse durante 2026. Según el crédito vigente registrado en agosto, el gasto proyectado marcaría un nuevo mínimo y acumularía una reducción del 80% respecto de 2023, siempre que no se produzcan modificaciones presupuestarias.

El impacto del recorte ya se refleja en el estado de la red vial. Menos de la mitad de las rutas nacionales se encuentran actualmente en buenas condiciones, mientras que casi un tercio presenta un estado considerado malo. En algunas provincias, además, la caída del gasto nacional destinado a las rutas habría superado el 90%.

A este escenario se suma otra cuestión: una parte importante de los recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, deberían contribuir al financiamiento del mantenimiento vial a través del impuesto sobre los combustibles no fue ejecutada. De esta manera, el problema no estaría solamente en la reducción de las partidas presupuestarias, sino también en el nivel de ejecución de los fondos disponibles.

El deterioro de la infraestructura genera además un efecto económico de largo plazo. Una ruta que no recibe mantenimiento preventivo requiere posteriormente obras de recuperación más costosas, mientras que el mal estado de las calzadas puede incrementar los riesgos para quienes circulan diariamente por ellas.

Así, el ahorro derivado del ajuste presupuestario puede convertirse en una deuda de mayor magnitud para el Estado: más recursos necesarios para reconstruir rutas deterioradas y mayores costos sociales y económicos asociados a una infraestructura vial en peores condiciones.

El escenario también plantea una contradicción con el discurso oficial sobre seguridad vial. Mientras el Gobierno destaca la importancia de contar con rutas seguras para reducir los riesgos de siniestros, los organismos nacionales vinculados con la infraestructura y la prevención registraron una reducción significativa de sus recursos durante los últimos años.