La suspensión de servicios dispuesta por los prácticos comenzó a regir desde las 0 de este domingo y ya provoca demoras en la operatoria portuaria de distintos puntos del país. La medida fue adoptada en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas.

Uno de los sectores más afectados es el complejo portuario del Gran Rosario y el Cordón Industrial, donde las restricciones complican el ingreso, las maniobras y la salida de buques de ultramar. La situación mantiene en alerta a terminales portuarias, agencias marítimas y empresas vinculadas al comercio exterior.

El eje del conflicto radica en el rechazo de los prácticos al nuevo marco regulatorio, que habilita la apertura del registro de profesionales y avanza con la desregulación de las tarifas y de los mecanismos de contratación del servicio. Desde el sector sostienen que la normativa pone en riesgo el sistema vigente, mientras que el Gobierno defiende la medida como parte de su política de desregulación.

Mientras se desarrolla la protesta, únicamente se realizan maniobras correspondientes a buques que ya contaban con asignación previa o aquellos considerados servicios críticos excepcionales. Esto limita significativamente el movimiento habitual de embarcaciones en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Frente a este escenario, el Ejecutivo nacional prevé la implementación de un mecanismo de emergencia que contempla la participación de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada para intentar garantizar la continuidad de la navegación. Sin embargo, el conflicto mantiene paralizada buena parte de la actividad portuaria y genera incertidumbre entre exportadores y operadores logísticos de la región.